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El Consejo Nacional de la Agenda 2030 deja sin voz y voto a miembros de la sociedad civil y el sector privado

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es sin duda la más ambiciosa que se ha propuesto al promover espacios y mecanismos de participación para el diseño de políticas públicas que reúnen a diversos actores del gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Tiene 17 objetivos y está integrada por 193 países.

La adecuada implementación de este plan de desarrollo sostenible demanda la definición de mecanismos institucionales de coordinación por parte del gobierno de cada país miembro para generar espacios de diálogo. Para tal propósito el gobierno de México instaló recientemente el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una “instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia”, presidido por el Presidente e integrado por los titulares de 18 dependencias del gobierno federal.

El Consejo puede invitar a sus sesiones a servidores públicos de la administración pública federal, entidades federativas y municipios, poderes legislativo y judicial federales, organismos autónomos, así como a representantes de organizaciones internacionales, representantes del sector privado, de la sociedad civil y la academia, así como a expertos en la materia.

Ciertamente el Consejo incorpora a actores de diversos ámbitos, sin embargo su configuración distingue entre miembros que gozan de voz y voto, que son los titulares de las secretarías de Estado, y el resto de los representantes quienes solamente tienen carácter de invitados. Entonces el Consejo Nacional se reduce meramente a una comisión intersecretarial con el riesgo de que la toma de decisiones y la ejecución de acciones sean unilaterales. Atender una Agenda tan compleja requiere el involucramiento formal todos los actores.

Por ello sería importante reconsiderar que quienes hasta ahora solo participan como invitados gocen de voz y voto y sean seleccionados mediante un mecanismo de transparencia y consulta a la ciudadanía. Ello redundaría en una toma de decisiones y ejecución de acciones integral que recoja las voces de todos los actores y que así la sociedad esté verdaderamente representada.

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