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México y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, también conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es una de las mejores directrices para guiar a un país, ya que permite a los gobiernos transitar de una economía extractiva o clientelista a una sostenible. Este ambicioso documento tiene 17 objetivos y 169 metas: erradicar la pobreza y la hambruna, proveer un mejor sistema de salud y educación, cerrar la brecha de desigualdad, generar equidad de género, potenciar la prosperidad desvinculada de la degradación ambiental, proteger el medio ambiente, crear una sociedad justa y fortalecer alianzas para lograr el cumplimiento de la Agenda, por mencionar algunos.

La concurrencia de diversos actores como el gobierno, en todos sus niveles, el poder legislativo, los sectores privado y social, entre otros, hará posible cumplir la Agenda cuyo avance se medirá a partir de 230 indicadores establecidos por un grupo de trabajo internacional, en el cual participó el INEGI.

En 2016 México expuso los avances relacionados a los ODS durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, en el cual participaron un total de 22 países.

El cumplimiento de las metas para el 2030 requiere la ejecución eficaz de las siguientes acciones:

Un mecanismo institucional, de alto nivel, que incorpore a la Administración Pública Federal (APF) a entidades federativas y municipales, lo cual marca diferentes ámbitos de implementación y coordinación dada las concurrencias y atribuciones de cada una de ellas, así como al Congreso de la Unión. También deberá integrar a la iniciativa privada y a diversos representantes de la sociedad como son ONGs, líderes de opinión, universidades, centros de investigación y laboratorios de ideas (think tanks), entre otros, de manera permanente y al mismo nivel que la APF.

Una vez establecida la mecánica institucional, se debe, en conjunto, marcar un rumbo que incluya la línea base para determinar dónde está el país en el cumplimiento de los ODS, qué acciones se llevarán a cabo y, un aspecto muy importante, en quién o quiénes recaerá esta responsabilidad, además de considerar una clara rendición de cuentas y de consecuencias por el incumplimiento de dichos propósitos. Esta ruta se plasmaría en una Estrategia Nacional de Cumplimiento de los ODS que, desde su gestión, incluya la participación de todos los actores y, por supuesto, defina las acciones de implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030.

El país atraviesa por una crisis económica y alcanzar las metas planteadas por la Agenda requerirá transversalizar el presupuesto, es decir, incorporar en el gasto el criterio de sustentabilidad, hacerlo económicamente rentable, ambientalmente responsable y socialmente inclusivo. Si se consideran estos factores el presupuesto de una Secretaría comenzaría a tener impactos positivos en las acciones de otras. Ello también sería un buen comienzo para implementar el ODS 16 “promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”.

A su vez acciones de monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para identificar áreas de oportunidad y mejorar la gestión de riesgos, lo cual puede materializarse en un reporte anual de progreso.

En los menos de dos años que le quedan a esta Administración aún es posible dotar a todos los grupos de interés de las herramientas necesarias para detonar la implementación de los ODS, sentar las bases y marcar el camino que se debe de tomar lo cual demanda la participación multiactoral, multinivel y transversal, de no hacerse la Agenda se retrasaría alrededor de tres años.

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